A día de hoy, tras los meses que venimos viviendo la conflictividad en los puertos españoles, muchos Sindicatos se han adelantado a firmar preacuerdos bilaterales - con operadores como Valencia, Barcelona y Algeciras- con el objetivo de desactivar los paros y garantizar la normalidad en las negociaciones que se avecinan, teniendo como precedente las constantes pérdidas millonarias que están sufriendo las empresas por cada día de huelga.

 
Debemos recordar que esta situación nace por la exigencia de modificar la legislación española, debido a la conflictiva Resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del pasado 11 de diciembre de 2014, por la que se obliga a España a liberalizar el sector para garantizar la competencia, ya que las empresas que operan en los puertos públicos no pueden contratar a los trabajadores que deseen, sino que deben contratar exclusivamente a trabajadores que formen parte de Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP).
Transcurridos dos años, el Gobierno cuenta con el Real Decreto-Ley 8/2017 que establece cambios para los que habrá un plazo de transición de tres años, proponiendo la libertad de contratación y la no obligación de las empresas de estiba de formar parte de una sociedad que suministra los trabajadores, pudiendo liquidarse o constituirse como Empresas de Trabajo Temporal (ETT) al finalizar dicha transición, con el fin de evitar la posible sanción por parte de la UE.
Los referidos preacuerdos bilaterales, abren una brecha en la patronal tras desarrollarse al margen de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) a propósito de los inminentes efectos de este nuevo período de huelga que se prolongará tres semanas en días alternos. Este acto viene impulsado por el hecho de que “los paros no se ejercerán sobre las compañías que se comprometan a garantizar la totalidad de los puestos de trabajo” como han indicado los Sindicatos. Por otro lado, las empresas denuncian que “es un chantaje puro y duro”.
Añaden que el objeto de las negociaciones son las garantías firmes del mantenimiento de los empleados actuales, así como de los derechos de los trabajadores (prejubilaciones, reorganización de plantilla o la ejecución de subrogaciones). Sin embargo, ha sido “la inmovilidad de la patronal ha imposibilitado cualquier acercamiento de posturas”, al haber rechazado el viernes pasado la propuesta presentada por los trabajadores por considerarla ilegal. Un claro ejemplo es la situación que vive el clúster de la cerámica, que podría llegar a perder hasta un tercio de sus ventas, ya que comercializa al exterior el 80% de su producción- más de 2.550 millones el año pasado- coincidiendo estas negociaciones con uno de los picos más altos de ventas del año.
Es sin duda un momento crítico y decisivo en nuestros puertos, puesto que de mantenerse los paros, el principal perjuicio es el negativo efecto sobre las ventas y la pérdida de confianza del cliente,  viéndose amenazados miles de puestos de trabajo como fruto del desvío de las compras hacia alternativos productores, países competidores.